- El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pone de relieve mecanismos para evitar impuestos que no son necesariamente ilegales.
Un año y medio después de los Panama Papers, que revelaron fraudulentos mecanismos de evasión fiscal, los Paradise Papers ponen de relieve estrategias de optimización para evitar impuestos, pero que no son necesariamente ilegales.
¿Qué muestran los Paradise Papers?
Esta nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, se basa en la filtración de 13.5 millones de documentos, procedentes principalmente de un gabinete internacional de abogados con sede en las Bermudas, Appleby.
Además detalla los dispositivos y los circuitos de optimización fiscal que permiten a particulares con fortunas y a las empresas no pagar impuestos.
Entre los nombres citados en el informe figuran la reina Isabel II, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, o multinacionales como Apple o Nike.
Aún más que los Panama Papers, que se centraban en dispositivos ilegales, esta investigación saca a la luz que los “contribuyentes ricos y las empresas se ponen de acuerdo con los diferentes paraísos fiscales para evitar de forma industrial (pagar) los impuestos”, destaca Lison Rehbinder, responsable de Financiación del Desarrollo en la asociación francesa CCFD-Terre Solidaire.
¿Qué mecanismos se utilizan?
En estos documentos, el uso de empresas offshore aparece en múltiples ocasiones. Se trata de empresas registradas en el extranjero pero, que a diferencia de filiales internacionales de sociedades, no ejercen ninguna actividad económica en el país donde están domiciliadas.
La utilización de estructuras intermediarias, como los fondos (que permiten delegar la gestión de sus activos a una persona de confianza) o las empresas pantalla (que esconden la identidad del verdadero beneficiario) aparece de forma casi sistemática.
El punto común de estas estructuras es la “opacidad”, afirma Lucas Chancel, codirector del Laboratorio de Desigualdades Mundiales de la Paris School of Economics (PSE), que habla de organizaciones “en cascada”, con mecanismos “extremadamente complejos y sofisticados”.
Se trata de circuitos que privan a las arcas públicas de montos colosales: según los cálculos efectuados por el ICIJ y por el economista Gabriel Zucman, profesor de la Universidad de Berkeley en California, la evasión fiscal de las empresas y de las grandes fortunas planetarias supondría cerca de 350,000 millones de euros de pérdidas fiscales por año a todos los países del mundo.
¿Es ilegal?
“Nos encontramos claramente en el terreno del fallo jurídico”, asegura Lucas Chancel, que considera que los hechos descritos en los Paradise Papers muestran sobre todo estrategias de “optimización fiscal”, situadas en zonas grises del derecho internacional.
Todo el mundo, en efecto, tiene derecho a crear un empresa offshore, siempre y cuando se declaren los beneficios. Normalmente este tipo de sociedades se crean sin embargo en Estados con una baja fiscalidad, conocidos como “paraísos fiscales”.
“Los Panama Papers eran el escándalo de la ilegalidad”, señala Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscales de la OCDE, interrogado por la emisora France Inter. Con los Paradise Papers, “estamos ante algo más refinado, más distinguido, más elaborado, con esquemas legales”.
¿Cómo se combate este fenómeno?
Desde la crisis financiera de 2008, se han puesto en marcha iniciativas, algunas bajo los auspicios de la OCDE: a finales de septiembre, por ejemplo, 50 países empezaron a intercambiar automáticamente datos fiscales de sus residentes.
Para Lucas Chancel la solución todavía está lejos. “El intercambio de información va contra los intereses de un número de actores. Solo se puede hacer de forma eficaz si hay una auténtica presión”, explica.
Las ONG presionan a los gobiernos para que tomen medidas más consecuentes, mientras en la prensa van apareciendo revelaciones como Offshore Leaks, Lux Leaks y Malta Files.
“A partir de ahora, se tienen que tomar medidas para actuar, estableciendo una lista negra de paraísos fiscales e imponiendo transparencia para saber de forma nítida si las empresas y las grandes sociedades pagan los impuestos que les corresponden”, estima en un comunicado Manon Aubry, portavoz de Oxfam Francia.
Para Lison Rehbinder, de CCFD, las multinacionales tienen que publicar sus datos financieros país por país, una medida censurada por el Consejo Constitucional a finales de 2016. También pide luchar contra la “competencia fiscal” entre los Estados.
“Esto alimenta un juego extremadamente peligroso donde la frontera entre lo que es un paraíso fiscal y lo que no lo es cada vez es más difusa”, manifiesta.