El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, y Jorge Ayax Cabello, miembro de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), expresaron, en entrevistas separadas, que ha faltado voluntad política para combatir el problema de las facturas falsas, flagelo cuyo quebranto al erario es más grave que el causado por el huachicol.
Comentaron que este problema está ocasionando que paguen justos por pecadores, ya que a causa de ello se eliminó la compensación universal, afectando a las empresas que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales.
COSTOS
Jorge Ayax Cabello, del IMCP, expuso que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) estimó hace unos meses que el valor de lo facturado con documentos fiscales apócrifos podría representar el 6% del PIB, equivalente a 2 billones de pesos.
“Para efectos de medición, es equivalente a 70% de la recaudación, tan grande es el problema”. Un reporte de agosto del año pasado de la Prodecon señaló que “aun cuando no existe una cifra exacta oficial respecto a cuánto pierde el fisco por el fenómeno de las facturas falsas, el SAT estima que la facturación por operaciones inexistentes asciende a más de dos billones de pesos”.
Y lo que es peor, Cabello lamentó que el 60% de las facturas falsas son presentadas por entidades y organismos gubernamentales en todos sus niveles.
“Hay una estimación que está haciendo Coparmex y que refiere que los principales usuarios de las facturas apócrifas son entidades del mismo gobierno, y esto ha quedado evidenciado en la estafa maestra; este tema donde se involucra al gobierno ya tiene otra arista, que es la corrupción”, recalcó.
SOLUCIÓN
Fernando López Macari, del IMEF, considera que “el problema tiene solución, pero debe haber voluntad política para hacerlo; si estamos viendo que 60% de eso se ha generado en el gobierno, tenemos que cuestionar hasta dónde el gobierno está dispuesto a acatar las reglas, porque más de la mitad del problema corresponde a los gobiernos, y si no hay voluntad política difícilmente se va a terminar con el tema de las empresas fantasma y las facturas falsas”.
“Sí hay mecanismos, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT tienen los elementos y la técnica para poder seguir la huella al dinero y bajo este mecanismo descubrir a las empresas fantasma que generan esta facturación apócrifa”, advirtió.
Los especialistas expusieron que sería recomendable considerar delito grave esta defraudación al fisco. “Tengo entendido que dentro del calendario para el Congreso, uno de los temas que se analizará es elevar las penas por facturación falsa y considerarlo delito grave, para efectos de tener una legislación acorde, porque probablemente no hay el suficiente castigo para quien lleve a cabo este tipo de eventos”, subrayó.
López dijo que “sí se ha escuchado que hay la intención de considerar delito grave esta situación, mas no hemos visto aún una iniciativa al respecto”.
“Sería conveniente legislar para evitar que este delito quede impune. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta todas las afectaciones que tiene para las compañías que sí son cumplidoras y que llevan todo en regla, para que las acciones contra los defraudadores no contaminen a las firmas cumplidas”.