Al cabo de tres intentos de aprobación de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cuarta ocasión las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que no satisfizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), principalmente a la Sección 22 de Oaxaca.
La discusión de fondo, sin embargo, no es el proyecto educativo, sino el control de las plazas y el manejo de los recursos millonarios que se obtienen de la federación y de los gobiernos estatales. Esto es, el pleito por el control del aparato educativo.
“Otra vez cayeron en la trampa de 2013. Lo que se está disputando es la rectoría en la educación, si se queda en manos del sindicato o del Estado; esto es en última instancia lo que está en la disputa”, señala el investigador Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El también catedrático, doctor en sociología por El Colegio de México, explica que el punto álgido de la discusión con la disidencia magisterial es la parte laboral y el control de las plazas, igual que hace seis años ocurrió con la reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto.