Si diputados aprueban la propuesta, el Sistema de Administración Tributaria se convertirá en un juzgado que declarará como legales o no las prácticas que recomienden asesores fiscales a sus clientes, apuntó el organismo.
La propuesta de que los asesores fiscales informen al Sistema de Administración Tributario (SAT) las estrategias recomendadas a sus clientes viola el secreto profesional de estos e involucra a las empresas en procesos burocráticos, señaló este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Las autoridades fiscales tendrán nuevos dientes con los que se vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo cuando estos decidan realizar la planificación fiscal internamente”, señaló Gustavo De Hoyos Walter, presidente de la Coparmex.
La propuesta propone incorporar en el Código Fiscal de la Federación (CFF) el Título Sexto sobre la Revelación de Esquemas Reportables, con el que se pretende obligar a los asesores fiscales a reportar ante el SAT las estrategias que recomiende a sus clientes para que estos obtengan beneficios fiscales.
La Coparmex identifica al menos tres puntos en contra de esta propuesta: primero, se viola el principio del secreto profesional y del derecho a la intimidad, que protege civil y penalmente a médicos, abogados y asesores –en es caso asesores fiscales–, quienes acceden a datos e información del orden privado y que deben mantener en secrecía para proteger las actividades de sus clientes.
El SAT se convierte en una especie de juzgado que declarará legal o no las prácticas recomendadas por los asesores fiscales a sus clientes.
Además, se pondrá en peligro la profesión de intermediación fiscal de quienes asesoran a las empresas y otros tipos de contribuyentes para diseñar un conjunto de acciones que les permita enfrentar las cargas tributarias con mayor eficiencia, siempre en el marco de la ley.
“No es lo mismo no pagar los impuestos que le corresponden a uno y pagar la menor cantidad tributaria que la actual legislación fiscal defina en su demarcación”, explicó el presidente de la Coparmex.
Si el Sistema, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declara ilegal la estrategia, se inicia un proceso legal que puede prolongarse hasta ocho meses. Una vez notificado por el asesor, el cliente podrá recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para intentar impugnar la decisión, volviendo el procedimiento profundamente burocrático y peligrosamente invasivo.
“Juntos podemos construir un sistema tributario moderno, funcional y sumamente recaudatorio, pero que a su vez sea justo, equilibrado y garante del cumplimiento de nuestra ley; un sistema tributario que nos ayude a continuar los esfuerzos de transformación de nuestro país y a impulsar el conjunto de nuestra economía”, apuntó.