Contadores piden que Paquete Económico dé seguridad jurídica a contribuyentes

El IMCP pidió que el Paquete Económico para el 2020 dé seguridad jurídica a los contribuyentes, sobre todo en el caso de la cancelación de sellos digitales.

FUENTE: EL ECONOMISTA

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) pidió que el Paquete Económico para el 2020 dé seguridad jurídica a los contribuyentes, sobre todo en el caso de la cancelación de sellos digitales.

Florentino Bautista Hernández, presidente del IMCP, explicó que las modificaciones que vienen en la Miscelánea Fiscal respecto al sello digital —que necesitan los contribuyentes para emitir facturas— deben ser analizadas profundamente para no perjudicar a aquellos pagadores de impuestos que son cumplidos.

“Esta propuesta viene en el sentido de traer medidas para el combate contra las factureras. Estamos convencidos y aplaudimos este combate, pero creo que sí hace falta un análisis profundo y darle certeza jurídica al contribuyente en esto de la cancelación”, aseveró a medios.

El gobierno propone que, para el siguiente año, existan más supuestos para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda cancelar el sello digital a los pagadores de impuestos, así como modificar algunos ya existentes.

En el momento en que el SAT cancele el sello digital, el contribuyente quedará inhabilitado para emitir facturas y deberá presentar la documentación requerida por el fisco para tener de vuelta su sello.

Entre estos supuestos que maneja la nueva administración, está poder cancelar el sello si no se presenta la declaración anual un mes después de la fecha obligada; cuando no se presenten de forma consecutiva dos declaraciones provisionales; cuando se detecten operaciones simuladas; si los ingresos declarados no concuerdan, así como por datos de contacto mal proporcionados.

Lo anterior generaría una cancelación inmediata del sello y afectaría a la economía y el negocio del contribuyente, refirió Florentino Bautista.

“Se tiene que analizar bien, si son casos en donde efectivamente se refiere a empresas factureras y, si no lo son, darle certeza jurídica al contribuyente, que él sepa que será escuchado y podrá presentar sus pruebas”, agregó.

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