Expertos consideran que no sólo se debe procurar la seguridad en puertos y aduanas, sino también su modernización.
El Ejército y la Marina ya tienen el control de 65 instalaciones portuarias y aduaneras del país con 2,203 elementos para cumplir la instrucción presidencial de combatir la corrupción y el tráfico de mercancías ilícitas.
En dos documentos obtenidos por El Economista a través de transparencia, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) mostraron el despliegue en cada una de las aduanas y puertos del país.
La Secretaría de Marina informó que por acuerdo Secretarial 333 del 17 de septiembre del 2018, unos 1,034 elementos navales participan en las Unidades de Protección Portuaria (Unaprop) mediante acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y control en funciones de Guardia Costera dentro de 19 recintos portuarios como Matamoros, Altamira, Tampico, Tuxpan, Ensenada, entre otros.
Por su parte, la Sedena informó que 1,169 elementos están en apoyo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 46 instalaciones aduaneras: cruce fronterizo “El Chaparral”; garita de “Otay”; garita “Algodones”; aduana Mexicali I y II; aduana Tecate y aduana San Luis Río Colorado, entre otras más.
En una polémica acción que provocó la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró a esa dependencia el mando de los puertos y las aduanas para depositarlo en el Ejército y la Marina con el fin de erradicar la corrupción y frenar la entrada de drogas al país.
Tomé la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, lo mismo en el caso de puertos”, dijo López Obrador el 17 de julio pasado.
El mandatario federal consideró indispensable la presencia militar en los puertos, ya que argumentó que la violencia que se vive en ciudades portuarias como Manzanillo y Lázaro Cárdenas es una consecuencia de la corrupción que ejercen grupos criminales para el trasiego de mercancía ilegal, principalmente minerales y fentanilo.
El presidente admitió aquella ocasión que la presencia de la Marina requería de reformas a la Constitución, las cuales prometió enviar al Congreso a la brevedad.
El 25 de julio, López Obrador nombró a Rosa Icela Rodríguez como coordinadora de Puertos y Marina Mercante. También nombró al almirante Salvador Gómez Meillón en la Administración Portuaria de Manzanillo, Colima, y al almirante Jorge Luis Cruz Ballardo en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Durante el seminario “Puertos, aduanas y militares”, organizado por el Colegio de México el 4 de agosto pasado, el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, consideró que esta decisión presidencial pudo estar relacionada con la preocupación del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por el incremento en el tráfico y uso de fentanilo en su país, proveniente principalmente de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, defendió la decisión de encomendar a las Fuerzas Armadas la inspección en puertos y aduanas, ya que dijo que los militares consiguieron en su momento quitar el control del puerto de Veracruz a Los Zetas, y de Lázaro Cárdenas a los Caballeros Templarios.
Mientras que el académico Alejandro Chanona consideró que el gobierno federal no sólo debe promover la vigilancia en puertos y aduanas, sino también modernizar ambos sectores.